Reportes señalan presunta responsabilidad de Ángel Aguirre en el caso Ayotzinapa
Informes de la entonces PGR y del GIEI documentaron presuntas omisiones, retrasos y conocimiento de autoridades estatales sobre los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
Redacción AZ Noticias
Ciudad de México. Informes elaborados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentaron actuaciones y posibles omisiones de autoridades del gobierno de Guerrero durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.
Una revisión publicada por El Universal señala que los documentos contienen referencias a ocultamiento de evidencias, acusaciones por uso excesivo de la fuerza, retrasos en el procesamiento de escenas y posibles vínculos entre autoridades y grupos del narcotráfico durante la administración del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
El Informe del Caso Iguala, publicado por la PGR en 2016, documentó las acciones institucionales y diligencias realizadas desde octubre de 2014 hasta abril de 2016. En el expediente se señala que desde el gobierno estatal se ordenaron movilizaciones policiales y existieron retrasos en el procesamiento de escenas relacionadas con los hechos.
Aunque el nombre de Aguirre no aparece expresamente en el documento, se utilizan referencias como “autoridades estatales” y “gobierno de Guerrero”, debido a criterios relacionados con el debido proceso y la presunción de inocencia.
Por su parte, el informe presentado por el GIEI en 2023 estableció que autoridades estatales tuvieron conocimiento en tiempo real de la llegada y desplazamiento de los estudiantes hacia Iguala.
El organismo también sostuvo que autoridades estatales y federales tenían información previa sobre la presunta colusión de policías y autoridades municipales de Iguala y localidades cercanas con grupos de la delincuencia organizada.
Las familias de los 43 normalistas desaparecidos han exigido durante años que se investigue la posible responsabilidad de Aguirre y de otros funcionarios que se encontraban en funciones cuando ocurrieron los hechos.