Se tambalea candidatura de José Gómez a la diputación

Hay procesos jurídicos con denuncias formales que lo pueden inhabilitar

 

Para quienes pensaban que la actual administración se la pensaría para actuar o instalar un procedimiento legal por inconsistencias que se registraron en la pasada administración que encabezó José Gómez Pérez, se les informa que existen denuncias legales y formales ante la instancia correspondiente, lo que pone en riesgo la candidatura del aspirante a diputado por el distrito 3, bajo las siglas del PRI.

En entrevista con la actual síndico municipal, Irma Flores, sobre los avances del acta de entrega-recepción, logramos informarnos que cuando se firmó este documento se hicieron varias observaciones, por ejemplo, se hizo la entrega de la relación de los vehículos, de los bienes muebles e inmuebles; sin embargo, nunca se adjuntaron los documentos que avalaran que efectivamente eran parte del patrimonio municipal. Tan es así que, al haber inconsistencias e irregularidades, fueron presentadas las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable, por no haber encontrado ciertos muebles, específicamente vehículos; el propio Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, conjuntamente con Jurídico, presentó las denuncias correspondientes.

En cuanto a si no se ha vencido el plazo para tomar acciones, se explicó que el Código Penal establece la prescripción para estos delitos de un año; sin embargo, es un año a partir de que el afectado tiene conocimiento de que fue objeto del delito, en este caso, al existir todo un procedimiento administrativo, el ayuntamiento se da cuenta y es a partir de ese momento que hay un delito, y a partir de ahí puede prescribir al año.

Puede haber inclusive denuncias presentadas en la antepasada administración y sin ningún problema son procedentes, al ser delitos de peculado, delitos de servidores públicos que directamente tienen que ir a una Fiscalía especializada en la ciudad de Tepic.

Es importante decir que la responsabilidad del patrimonio municipal corresponde a la Sindico y Oficial Mayor, con el nuevo reglamento orgánico que se aprobó al iniciar el año; sin embargo, hay un acuerdo en el que el Ayuntamiento faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario para que comiencen las acciones legales pertinentes para recuperar y escriturar en sus caso los bienes muebles e inmueble, que son del municipio.

En ese sentido, es importante hacer saber que hay avances, se han estado recuperando algunos fraccionamientos que no se entregaron y que el propio Ayuntamiento está requiriendo para que entreguen lo que por ley corresponde: en cuanto a vehículos que no han sido localizados, fueron presentadas las denuncias correspondientes y se harán públicas en el momento en que se presente el dictamen de la Comisión de Hacienda, donde apegados a derecho se desincorporen esos vehículos.

Finalmente, la Síndico municipal fue clara al decir que se trabaja en la documentación entregada y en las observaciones realizadas a la administración anterior, con los debidos procedimientos llevados a la autoridad correspondiente, para que caiga quien caiga, ya que la sociedad clama justicia y la actual administración no tapará ni solapará a nadie, puntualizó.

De acuerdo a datos recabados en diversas fuentes, logramos conocer que el número de denuncias formales que ha presentado la actual administración derivadas de las observaciones, son por 13 vehículos, alrededor de 10 obras que no fueron realizadas y poco más de 340 muebles que no aparecen y que son parte del patrimonio municipal, entre estos podemos mencionar aires acondicionados, escáner, cámaras fotográficas, entre otros.

De igual forma, es importante hacer saber que hay quienes pueden pensar que no se le puede hacer nada a José Gómez por ser ya el candidato y que porque tiene fuero; sin embargo, en el tema de fuero en Nayarit fue reformada la Constitución Política del estado a raíz de una iniciativa presentada en el Congreso de Nayarit.

Particularmente, esta iniciativa busca eliminar precisamente esta iniciativa constitucional para que no exista la necesidad de hacer juicios políticos, para poder en actuar en contra de las autoridades locales, llámense presidentes municipales, diputados, regidores, incluso algunas dependencias, como el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información de Nayarit, así como también el ombudsman nayarita, que es básicamente el encargado de derechos humanos.

El 25 de mayo del 2017 se aprobó dicha iniciativa, con 26 votos a favor y 4 abstenciones, para que el fuero sea eliminado para quienes ocuparan los cargos arriba mencionados y entregados a la Judicatura del Poder Judicial de Nayarit, a Derecho Humanos y al ITAI.

En ese sentido, quienes hoy fuesen candidatos y que tengan denuncias formalmente instaladas ante la instancia correspondiente, esta indagatoria continúa, independientemente del estado jurídico que guarda y pueden ser citados, una orden de comparecencia, inclusive una orden de aprehensión.

El nuevo sistema adversarial es garantista y lógicamente prevalece el derecho humano de que es inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero finalmente quedan sujetos a lo que es la jurisdicción del estado, y también se cuenta en la propia Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos con hasta un año, para poder denunciar, en este caso, las faltas administrativas, civiles o penales en las que hayan incurrido los servidores y en consecuencia, a partir de que entreguen los cargos, cuentan con una año las autoridades para fincar responsabilidades.

Citado lo anterior, vale la pena subrayar que aunque resultaran electos algunos candidatos y si se llega de alguna manera a judicializar alguna carpeta de investigación, si llega a fallar por algún tribunal que condene, se puede ordenar la inhabilitación de los servidores y en consecuencia tendría que entrar el suplente en funciones, aun estando electo o habiendo tomado protesta.

Finalmente, vale la pena decir que el riesgo es latente para el candidato y si lograra ganar la elección adquirirá un fuero de carácter federal; sin embargo, eso no implica que no pueda ser enjuiciado o sentenciado, pero en este caso se tendría que iniciarse un juicio político de desafuero, para poder continuar con el procedimiento o en esperar a que culminara su mandato como diputado federal, según sea el caso.

En estos momentos, pudieran las autoridades judiciales o ministeriales aplicar medidas cautelares y girar oficio a la Junta Distrital del INE en Compostela, para que en este caso se hiciera un pronunciamiento, porque finalmente no se le pueden suspender sus derechos políticos por no haber sido escuchado y vencido en juicio, pero finalmente, sería bastante dañino mediáticamente el hecho de que se continúe con el procedimiento de orden común o federal.

Además, sería cuestionable que un candidato sea investigado como tal y deba responder a las acusaciones ya sea ante el Ministerio Público o particularmente a algún ente particular. (Con información de Express)