Giran órdenes de captura contra García Luna y 60 personas ligadas a contratos en penales federales
Los acusan de desviar más de 5 mil millones de pesos de recursos de cárceles federales; solicitan ficha roja a Interpol.
Un juez federal ordenó la aprehensión de 61 personas, entre ellas, el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y los empresarios Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR), la cual señaló que las 58 personas restantes son servidores públicos y particulares.
De acuerdo con las investigaciones, estas personas presuntamente se coludieron con García Luna y sus socios Jonathan Alexis y Mauricio Samuel, para saquear los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (cárceles federales), dependientes de dicha secretaría.
Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por el ex secretario, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de diez contratos ilícitos, por la suma de 5 mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional.
La dependencia informó que ya se solicitó la ficha roja a Interpol para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación.
Dejó claro que este procedimiento penal es independiente a la denuncia que ayer hizo pública la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a otro despojo multimillonario en contra de la extinta Policía Federal, también vinculado con empresas de Genaro García sus socios y cómplices.
Respecto a este nuevo procedimiento, abundó, ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos.(Con información de Milenio)
