FGR solicita juicio de procedencia contra magistrado de Nayarit por desaparición forzada
El magistrado numerario del poder judicial, desde el 21 de septiembre de 2023, fue subfiscal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y director general de Investigación Ministerial, es investigado por presuntamente participar en la desaparición forzada de personas.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Congreso del Estado de Nayarit iniciar un juicio de declaración de procedencia contra el magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia, Rodrigo Benítez Pérez, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
A partir de esta solicitud, el proceso que seguirá el Legislativo está definido por la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.
El primer paso es que el Congreso del Estado reciba y analice la solicitud enviada por la FGR.
La Comisión Instructora del Congreso será la encargada de evaluar la evidencia y fundamentos que justifiquen el juicio; esta Comisión debe revisar cuidadosamente los elementos presentados por la FGR, que en este caso señala la implicación del magistrado en un delito grave como la desaparición forzada.
Si la Comisión Instructora dictamina que hay suficientes elementos para proceder, el siguiente paso será iniciar el juicio político.
Este juicio tiene como fin determinar si es adecuado retirar el fuero al magistrado Rodrigo Benítez Pérez, lo que permitiría que sea procesado penalmente.
El fuero protege a los magistrados de ser juzgados por delitos mientras ejercen sus funciones, y solo el Congreso tiene la facultad de retirarlo.
Durante el proceso, el magistrado tiene derecho a una defensa justa, puede presentar pruebas que desmientan las acusaciones en su contra.
Todo el procedimiento se rige por los principios de legalidad, imparcialidad, y transparencia, tal como lo establece la ley, para asegurar que no se vulneren los derechos del acusado.
En caso de que el Congreso decida retirar el fuero a Benítez Pérez, quedaría a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar el proceso penal.
Ante esta noticia, Vicky Garay Cázares, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y líder del colectivo Guerreras en Busca de Nuestro Tesoros, dijo que de aprobarse el juicio, las y los diputados abonarán a esclarecer la situación y hace justicia.
“Creo que esta es la mejor forma en que las familias tengamos nuevamente la confianza en las autoridades y que las autoridades hagan justicia y no dejen esta impunidad“, afirmó Garay para Aristegui Noticias.
Garay Cázares dijo que desconoce a detalle esta solicitud, ya que declaró que existen distintos señalamientos en contra del también ex subfiscal del estado de Nayarit y ex director general de Investigación Ministerial.
Entre ellos, dijo, la presunta desaparición de evidencias a través de las prendas de personas desaparecidas, abuso de autoridad y otros, que las autoridades ministeriales darán a conocer en su momento.
Virginia Garay concluyó con un llamado a las autoridades legislativas para atender esta solicitud.
“Solo pedirles que se lleve todo a calidad, que sea claro, transparente y que se aclare la situación para que las familias estemos tranquilas y veamos realmente la justicia y la realidad de los hechos”.
El 8 de septiembre de 2023 fue detenida y presentada ante un juez de control en el estado de Puebla, la entonces fiscal de Búsqueda, Yayori “N”, señalada por presunta desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y otros presuntos delitos que siguen en investigación.
Además de las investigaciones de la FGR, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha solicitado más de 70 Acciones Urgentes por desapariciones forzadas en Nayarit, que ocurrieron entre 2017 y 2020, en las que están señaladas exautoridades como el ex fiscal Édgar Veytia, policías estatales y otros.
En abril de 2023, esta reportera, en Aristegui Noticias publicó el artículo de investigación “Desaparecer toda prueba: la Fiscalía de Nayarit destruye evidencias (y ahonda dudas)“, donde se dan a conocer una serie de irregularidades para desaparecer evidencias de desaparición forzada de personas y homicidios.
Las autoridades de la Fiscalía General de Nayarit en las que Rodrigo Benítez se desempeñaba como director general de Investigación Ministerial, luego como sub fiscal, afirmaban que las pruebas fueron destruidas porque representaban riesgos sanitarios.
Aunque familiares de personas desaparecidas y reportes policiales, daban cuenta de que al interior de la fosa más profunda de Nayarit, conocida como ‘la fosa de los 21‘, se encontraron objetos como esposas, toletes, cables y uniformes de policías que pudieron formar parte de las mecánicas de muerte.
Con información de Aristegui Noticias
