Santiago Peña enfrenta posible condena de hasta 15 años por caso Ueno Bank
Peña fue destituido por el Senado tras ser declarado responsable de mal desempeño de funciones en el caso Ueno Bank.
Redacción AZ Noticias
Paraguay.- El expresidente Santiago Peña enfrenta una posible pena de hasta 15 años de prisión por la investigación relacionada con el intervenido Ueno Bank, entidad financiera vinculada con recursos depositados por distintas instituciones públicas durante su gestión.
La fiscal Verónica Valdez informó que la expectativa de pena máxima corresponde a la acumulación de varios hechos punibles por los que fue imputado el exmandatario.
Peña, quien llegó al poder en 2023, fue destituido por el Senado el pasado viernes, luego de ser declarado responsable de mal desempeño de funciones por el escándalo financiero.
Los cargos contra el exmandatario
El Ministerio Público lo imputó por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor.
Según la acusación fiscal, Peña habría intervenido en operaciones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank.
La investigación también señala que mantuvo una relación económica y corporativa con Ueno Holding, grupo empresarial propietario de la entidad financiera. De acuerdo con el expediente, el exmandatario tenía una participación accionaria equivalente al 1.58 por ciento del capital de esa compañía, además de un certificado de depósito de ahorro en Ueno y un bono en la empresa Itti.
La acusación refiere que vendió su participación en el conglomerado en marzo de 2025, cuando ya ocupaba la Presidencia.
Otros investigados y prisión preventiva
El caso involucra a otras 27 personas relacionadas con Ueno y sus empresas, incluidos ocho exdirectivos. Para estos últimos, la Fiscalía estima una posible pena de hasta 12 años de prisión.
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, determinó que Peña permanezca en prisión preventiva en el Regimiento Guardia Presidencial, en Asunción, para garantizar su comparecencia durante el procedimiento.
La posible condena de 15 años es una expectativa planteada por la Fiscalía, no una sentencia definitiva. El proceso judicial continúa.
